Diputada Nacional

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia

Conversatorio sobre avances para las mujeres

Constitucionales y Legislativos

Informe Defensorial Mujeres Privadas de Libertad

...en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.

Red de Prevención Observa La Ley

Manifestaron observaciones a la más reciente ley promulgada...

Violencia es subordinar a las mujeres en el ámbito político...

...en la misma destacó los avances y desafíos de esta ley.

martes, 30 de abril de 2013

Fiscalización a Servicio Integral y Fiscalia de El Alto



23 de abril de 2013

Foro debate sobre resultados de Censo



18 de abril de 2013

Conversatorio PNUD




17 de abril 2013

miércoles, 10 de abril de 2013

Delgado: violencia es subordinar a las mujeres en el ámbito político, en el ámbito institucional y en el ámbito familiar.


(Prensa 09.04.13) 
La diputada Rebeca Delgado Burgoa, vocal de la Comisión de Derechos Humanos, este martes 9 de abril dio una charla sobre la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, al personal  de las oficinas de nivel nacional de la Defensoría del Pueblo, en la misma destacó los avances y desafíos de esta ley.


“La violencia, es una manifestación de agresión por subordinación de hombres hacia las mujeres, la violencia no debe verse como efecto, por ejemplo en la familia, de tensiones o efecto de momentos malos (…) como parte de un efecto natural, sino tiene que ver con la formación que tenemos en nuestras cabezas; de subordinar a las mujeres en el ámbito político, en el ámbito institucional y en el ámbito familiar, por eso es que existe violencia” explico Delgado.

Asimismo, realizo una evaluación a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una vida libre de Violencia, e insto al personal de la Defensoría del Pueblo asumir un rol que ayude al cumplimiento de esta ley.

“El tema es reflexionar que podemos hacer con este problema mundial, ahí hay un gran desafío para la Defensoría del Pueblo, porque ustedes además de difundir la ley, tiene que hacer seguimiento, tienen que  monitorear”, sostuvo.

Delgado finalizo afirmando que “si no hay un cambio de conductas, de mentalidades, ni la ley, ni las políticas públicas, van a funcionar, lo que necesitamos realmente es asimilar, aprender lo que significa la violencia en el mundo y esencialmente en nuestro país”.

El evento se realizo el 9 de abril en instalaciones del Auditorio de la Defensoría del Pueblo y fue realizado en aplicación de la Estrategia Institucional, de esta institución denominado “Despatriarcalización, proyecto político ineludible de la descolonización para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia.



Red de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar de El Alto, Observa La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre De Violencia

(PRENSA 15.03.2013).

La Red de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar de El Alto se reunió, este viernes, con la diputada Rebeca Delgado Burgoa, donde las instituciones que forman parte de esta red manifestaron observaciones a la más reciente ley promulgada que propone la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Lourdes Flores, representante del Slim – 1, miembro de esta red manifestó los principales problemas que se tendría en esta ley.


“Diputada yo quisiera empezar primero a plantear, cuales son los principales problemas en esta ley, y creo que el principal es el de los  certificados médicos, que los certificados médicos son solamente indicio de prueba pese incluso a la homologación del medico forense, (..). Por otro lado el tema de la conciliación, sería un segundo tema que deberíamos tratarlo, (…) deberíamos ver como lo vamos a proponer, después para que pueda haber, como conversábamos diputada, en una norma complementaria, y de pronto ahí que pueda remediar de alguna forma la aplicación de esta ley, que pueda ser practica, que no sea un obstáculo”, manifestó Flores.

Asimismo informo que después de un análisis jurídico, existen elementos en la Ley Integral que podrían ser una traba en los procedimientos.

“Y por otro lado el tema de la prueba, analizamos con las abogadas, (…) cuando la ley 1674 preveía que los familiares podían ser testigos, pero sabemos que en el procedimiento penal, no pueden ser testigos los familiares, además el tema de celeridad de los procesos”, agrego.

Por su parte la diputada Rebeca Delgado propuso trabajar en forma conjunta con Jueces, con el Consejo de la Magistratura y con el Fiscal General para subsanar los problemas que podría tener esta ley.

“Podríamos dividir las cosas que se puedan trabajar en reglamentación, (…), eso es para que nos ayuden los jueces, después abría que ver los temas que debemos dar una viabilidad jurídica, para que no se tranque, ya que pueden haber competencias no muy definidas, porque inclusive en el tema de la brigada, si bien no se ha derogado la ley 1674,  las disposiciones transitorias dicen que todo va pasar a la juez integral y no está claro dónde van a ser atendidos los ancianos”, afirmo la legisladora que durante la aprobación de la Ley Integral realizo similares observaciones.

Propuso también como primer paso convocar a la Consejera de la Magistratura, y al Fiscal General ya que la Ley contempla la creación de Juzgados Especiales, Fiscales especializados y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.

De esta reunión participaron también Juezas y Jueces del Juzgado de Familia de El Alto. La Red de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar de El Alto, está conformada por el DNI regional El Alto, Centro de promoción de la Mujer Gregoria Apaza, Pro Mujer regional El Alto, Brigada de Protección a la Mujer y la Familia, Casa de la Mujer “Suma Jacaña”, CIDEM, CESIM, Hospital y red Los Andes, CIES de El Alto, Fejuve, Consejo Municipal de la Juventud de El Alto, entre otras instituciones de la ciudad de esta ciudad.

Informe Defensorial “Mujeres Privadas de Libertad”


 (13 de marzo de 2013) 

La diputada Rebeca Delgado participo del Informe Defensorial “Mujeres Privadas de Libertad”, el evento fue realizado el 13 de marzo y organizado por la Defensoría del Pueblo, en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. 

PRESENTACIÓN INFORME DEFENSORIAL “MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD” (Nota de la Defensoría del Pueblo) 
Si bien, la manera cómo viven las personas privadas de libertad reviste preocupación, es más grave aún la situación de violación de derechos de las mujeres que se encuentran en esta situación, donde el hecho de ser mujer, y más aun si se es adolescente, indígena, extranjera, adulta mayor genera mayores vulnerabilidades en los establecimientos penitenciarios. Según las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, 1955, se declara que las personas privadas de libertad gozan de todos los derechos humanos, con excepción de la privación de la libertad. En respuesta a estas Reglas Mínimas y con profunda preocupación por la situación carcelaria en Bolivia, la Defensoría del Pueblo, con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA y con la presencia de la Dirección de Régimen Penitenciario, además de otros sectores involucrados en esta problemática, el miércoles 13 de marzo presentó el documento “Bolivia: Situación de los derechos de las mujeres privadas de libertad – Informe Defensorial” en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Este informe proporciona información importante para develar la situación de las mujeres en contexto de encierro y presenta recomendaciones emanadas desde la Defensoría del Pueblo dirigidas a los sectores de: régimen penitenciario, salud, educación, justicia, trabajo, entre otros, para que puedan a la brevedad posible hacer los esfuerzos necesarios para mejorar la situación de vida de las mujeres privadas de libertad y garantizar que no se vulneren sus derechos. La violencia, los reducidos ingresos, la falta de trabajo digno, el hacinamiento, la vulneración o falta de atención de sus derechos sexuales y reproductivos coloca a las mujeres privadas de libertad en situación de falta de protección de sus derechos fundamentales. Este informe refleja las complejas problemáticas de las cárceles bolivianas, mostrando en algunas situaciones el doble encierro de las mujeres, por la falta de protección a su vida y su integridad. Algunos datos estadísticos que muestra el Informe: -La población femenina privada de libertad entre el 2006 – 2012 se ha mantenido en un porcentaje en torno al 10%, los hombres privados de libertad constituyen más del 80% de la población penitenciaria, argumento que sigue siendo utilizado para postergar el goce de los derechos de las mujeres en la misma condición. -El 90% de la población penitenciaria femenina se encuentra entre los 22 y los 59 años de edad, el 8% es adolescente y 2% son personas adultas mayores. -La situación procesal de las mujeres refleja el estado del sistema procesal penal caracterizado por la retardación de justicia y con el uso de la detención preventiva como regla, mostrando las fallas en el cumplimiento del principio de celeridad. 76% de las mujeres se encuentran con detención preventiva y sólo el 24% que tienen sentencia ejecutoriada. -El 57% de las mujeres no tienen abogado/a de Defensa Pública por carecer de recursos económicos y el 41% cuanta con abogados particulares. -El 38% corresponde a mujeres solteras, 25% casadas, 25% en concubinato, 6% viudas y 3% divorciadas. -La Ley de Ejecución Penal y Supervisión permite que niños/as menores de 6 años vivan con sus padres y madres privados de libertad. Existen 252 niños /as que viven en las cárceles, sin embargo en solo tres establecimientos se cuenta con guarderías, por tanto el resto debe compartir espacio con sus madres, no existe alimentación especial para los niños, el gasto es cubierto por las madres. -39 % de las mujeres privadas de libertad no ha concluido el nivel secundario, 35% concluyó primaria, solo el 14% ha ingresado a estudios universitarios y 4% ha recibido educación técnica. -El prediario no es suficiente para cubrir las demandas nutricionales de las mujeres, sobre todo las embarazadas, o que están dando de lactar. -Sólo existen establecimientos exclusivos para mujeres en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en el resto de departamentos los establecimientos son compartidos, estableciendo espacios readecuados para mujeres, en algunos casos no se cuenta con espacios solo para mujeres. -El derecho a la salud se limita por las restricciones para la salida al control prenatal, por complicaciones vinculadas a la menstruación o amenazas de parto, por la falta de agua disponible durante todo el día. No hay servicios especializados en ginecología, las revisiones algunas veces no son privadas e incluso no existen insumos ni equipos para atenciones ginecológicas. Respecto a las enfermedades recurrentes más comunes se encuentran problemas gástricos, dolores reumáticos, molestias relacionadas a la menstruación, al embarazo e infecciones urinarias. La salud preventiva no existe como acción política del Régimen penitenciario, solo en algunos establecimientos se desarrollan campañas para detectar cáncer, VIH e infecciones de transmisión sexual. -Sólo 7 establecimientos cuentan con juntas de trabajo, debido a que los delegados hombres son los únicos representantes, ellos definen lo que las mujeres deben hacer, median en la venta u oferta de sus servicios, les cobran por canalizar el producto de su trabajo. Las principales actividades laborales son lavado y planchado de ropa, tejido, repostería, actividades que no tienen una expectable remuneración. -70 % de las mujeres embarazadas se encuentran con detención preventiva y menos de un tercio con sentencia. -Las mujeres embarazadas, adultas mayores extranjeras, no pueden acceder al beneficio de detención domiciliaria básicamente por los costos que implica su ejecución. Algunas de las Recomendaciones Defensoriales que presenta el Informe: -Al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades generar una política penitenciaria con enfoque despatriarcalizador y de género. -A la Dirección de Régimen Penitenciario generar políticas para garantizar a las mujeres el ejercicio del derecho al trabajo, medidas para erradicar el acoso y violencia la interior de los recintos penitenciarios, desarrollar cursos de formación técnico profesional superando los roles tradicionales asignados a las mujeres, promover la eliminación de toda forma de racismo y discriminación al interior de los recintos penitenciarios. -Desplegar todos los esfuerzos necesarios para disponer de infraestructura destinada exclusivamente a mujeres, garantizar infraestructura para separar a las mujeres adultas de adolescentes en conflicto con la ley y mujeres con sentencia y con detención preventiva. Asegurar el derecho a la privacidad. Garantizar el acceso a servicios básicos. -Al Tribunal Supremo de Justicia, promover una estrategia para evitar la retardación de justicia y el hacinamiento en los centros penitenciarios. -Al sector salud, garantizar el derecho a la salud, priorzando el exámen médico al ingreso del recinto, las pruebas de papanicolau y de VIH, garantizar el acceso y goce al SUMI, SSPAM, Bono Juana Azurduy, entre otros. Organizar cursos y talleres de formación y prevención. -Al sector educación, impulsar la eliminación del analfabetismo y promover la educación técnica profesional. Impulsar la creación de juntas educativas y garantizar la participación paritaria de mujeres en los consejos de educación. Crear y mejorar las bibliotecas, garantizando a las mujeres el acceso libre de acoso y violencia. -En materia de empleo: Impulsar la creación de Juntas de Trabajo de mujeres privadas de libertad, promover una estrategia de empleo para MPL de tal manera que puedan contar con medios de trabajo digno con mayores ingresos. -Al Viceministerio de Presupuesto, asignar mayor presupuesto al Sistema de Régimen Penitenciario para el prediario así como la provisión y/o remodelación de infraestructura.

lunes, 8 de abril de 2013

Conversatorio sobre avances Legislativos y Constitucionales para las mujeres

(11 de marzo 2013)



Conversatorio sobre avances Legislativos y Constitucionales para las mujeres



Los Juzgados de Familia de El Alto incumplen la ley, por falta de personal de infraestructura adecuada.



(Prensa 08.03.13) 

La diputada Rebeca Delgado, vocal de la Comisión de Derechos Humanos, junto a diputadas de La Paz, realizaron este viernes, la fiscalización de Juzgados de la ciudad de El Alto, donde verificaron que los mismos estarían incumpliendo la Ley por conflictos administrativos y de infraestructura.

“Hace una semana y media, hemos recibido varias denuncias de mujeres de El Alto, donde nos hacían conocer que había muchas dificultades al momento de presentar sus demandas de violencia intrafamiliar, de divorcio, de división de bienes; nos han pedido que vengamos a los Juzgados de familia del El Alto, (…) hemos verificando que no se está cumpliendo la Ley, las notificaciones que se deben hacer pasan más de los diez días, dejando en absoluta desprotección a las mujeres y más cuando se trata de violencia”, declaro la Legisladora.

Con referencia a la denuncia de cobros irregulares, manifestó que las mismas se derivarán al Ministerio Público y que solicitarán un informe a la Presidenta del Consejo de la Magistratura, para ver las dificultades administrativas, principalmente por acefalias.

“No he recibido denuncias personalmente (por cobros irregulares), sin embargo, si existe ello vamos a remitir a la fiscalía, porque aparte de que tengan que sufrir todo un calvario para hacer conocer sus demandas de violencia, de que no tengan una atención adecuada oportuna y más de paso que existan cobros irregulares, ya significa una doble victimización; vamos hacer conocer a la fiscalía para que intervengan, (…) hemos coordinado también para que se pueda convocar a la Presidenta del Consejo de la Magistratura, para que nos de información, no solamente con relación a El Alto, sino en todo el país, de todas las acefalias que hay, especialmente de los Juzgados de Familia y la atención en el tema de violencia. También hemos recibimos una nota del Juzgado de Instrucción de Villamontes, donde manifiestan que hace tiempo, no se eligen servidores públicos, entonces es muy difícil, luchar contra la violencia si estamos en estas condiciones”, afirmo.

Asimismo, manifestó que si bien la Ley Integral para Garantizar una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres, ayudará a resolver estos conflictos, con Juzgados y Fiscales especializados, todos los que existen actualmente deben funcionar, además de preocuparle que solo exista un Médico Forense en El Alto, por lo también solicitará información al Fiscal General.

“Lo que hemos visto es que se debe mejorar la infraestructura, hay una Juez que está en un ambiente que era una cocina, se adecuado para que sea un juzgado, son temas que ya en la vía administrativa del Consejo tendrán que merecer mejor atención, todo esto lo vamos a coordinar, estamos haciendo una acción de fiscalización conforme nos manda la Constitución”, agregó.

Según los datos proporcionados en este Juzgado, la ciudad de El Alto, recibe entre a 8 y 12 denuncias de violencia por día y en fiestas o carnavales entre 20 a 25 denuncias diarias, de las cuales el 95% son de mujeres.





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